Javier Mendoza Jiménez

Empecemos por lo obvio. Estamos en una situación que en mi generación y en España no tiene (por fortuna) precedentes. Como economista se me hace curioso ver cómo los marcos macro (el cambio climático) y micro (un pequeño organismo) se tocan. Quede para otra ocasión un análisis más detallado del impacto de que los humanos dejemos al planeta tomar un descanso para alcanzar niveles de calidad de aire, agua, etc., que hace tiempo que no se veían en solo 1 mes y medio de «tregua». Da que pensar si quizás, en el futuro, no debiéramos firmar ese armisticio voluntariamente un par de semanas al año.

Pero volvamos al (árido) terreno de lo económico, donde los expertos en todo esto podemos sentirnos cómodos, teorizar a posteriori y ser una especie de abuelos viendo las obras criticando cómo se ponen los ladrillos. Me resulta inusitado -por no decir preocupante- como el papel de las universidades en el cambio social que ha traído y debería traer toda esta situación se ha limitado al, para mi estéril, debate de si dar un aprobado general (Italia), de si acabar el curso como se pueda (caso de España), o de si realmente pensar que en la mayoría de las carreras (perdón, de los grados, que uno tiene cierta edad) ese cambio puede ser incluso beneficioso para abrir nuevos horizontes que preparen a las instituciones de educación superior españolas ante la avalancha de cursos en línea, MOOCs, etc.

Reconduzcamos el hilo, que tengo cierta tendencia a entretenerme como buen académico, hablaba pues de que nos encontramos en una situación inusitada, de esas que dentro de unos años recuerdas con un «qué hacías tú durante…». Y frente a eso, y hablaré del caso de España, se han planteado una serie de soluciones desde el Estado para amortiguar el golpe y no dejar a nadie atrás (Gobierno de España dixit). Encuentro curioso -palabra que uso mucho en estos días, efectos del confinamiento- que entre esas soluciones abunden aquellas que generan una mayor burocracia. Un ejemplo: puede usted reclamar el aplazamiento de la hipoteca, pero necesita una cantidad ingente de papeles que, en su mayoría, ya tiene el banco. O, tiene usted que demostrar que sus ingresos como autónomo han disminuido un 75% (nota al pié, ¿por qué un 75%, hay algún estudio donde diga que ese 75% de media se corresponde a la base de cotización mínima en España?), así que ya puede contactar con su asesoría y presentar otro bonito juego de papeles.

Lo curioso (ven) o triste de todo ello es que esa burocracia se retroalimenta en un contexto donde alardeamos del uso del big data, de que Google sabe cómo nos movemos y cómo se ha visto afectado el vuelo de las palomas (por poner algo), pero no hacemos uso del «normal data», ese que ya las administraciones tienen por su condición de ente público y por su relación con los administrados. Si soy autónomo y retengo IRPF en mis facturas, la administración puede tener una idea de qué ingresos he tenido. Si me voy al paro y me apunto, la administración puede cruzar esos datos sin necesidad de que yo tenga que soportar la carga de la prueba.

Volvemos, por lo tanto, a la situación relatada magistralmente en el libro Silencio Administrativo, del que uno sale con una sensación de cabreo, desazón y desconcierto al ver una de las 12 pruebas de Asterix y Obelix reproducidas en la vida real. Y ante eso surge la pregunta ¿no hay soluciones más sencillas, menos burocráticas y con la misma efectividad?. Al igual que la ciencia y la sanidad, a las que se debería poner en un pedestal y no bajarlas más a base de recortes, inventan, buscan nuevas soluciones y arriesgan, parece que las soluciones sociales van aún a paso de tortuga (pero sin su seguridad).

Llegamos pues al quid de la cuestión de esta entrada, que no es otro que abogar por una solución que requiere menos burocracia, más automatismos y que se basa, sobre todo, en dos argumentos: 1. Que el dinero siga circulando. 2. Que la administración puede confiar en los administrados. Me estoy refiriendo a una renta básica, renta de emergencia o, la definición que me gusta más y que da título a esta entrada, un salario de emergencia. Estamos en un contexto donde hemos visto conversiones de Saulos a Pablos (uno no está bautizado pero reconoce que la Biblia tiene historias muy interesantes) de entidades y personas que nunca hubiéramos creído y que ahora apuestan por este tipo de políticas. Desde candidatos a presidentes en Estados Unidos a reconocidos liberales, pasando por instituciones europeas que pretenden regar los mercados de dinero (no tanto a las personas desgraciadamente), se alzan cada vez más voces y surgen oasis en el desierto que suelen ser las políticas sociales alternativas al modelo actual.

La definición de lo que se propone como salario y no como renta tiene un importante matiz léxico. Un salario se deriva de una serie de derechos, pero también del cumplimiento de una serie de deberes (parte esta que queda incompleta en muchas políticas sociales actuales) y, además, tiene consecuencias fiscales. La idea que se propone, y que Greg Mankiw, un economista de la Universidad de Harvard, resume estupendamente en la entrada de su blog del 23 de marzo, es darle un salario a las personas que lo necesiten mientras dure la emergencia, con una cantidad que permita que hagan frente a sus obligaciones básicas (hipotecas, alquileres, cuotas varias e impuestos) y que lo único que tengan que hacer es un simple trámite.

¿Quiénes serían esos colectivos? Pues depende de lo que se quiera, aquí va una propuesta: Autónomos, personas que cobren ayudas sociales, personas en paro, personas que se han visto afectadas por regulaciones de empleo. Estoy excluyendo a los empleados públicos (entre los que me incluyo), a los pensionistas, a los empleados por cuenta ajena y a los que no están en edad de trabajar, por la sencilla razón de que por ahora tienen (tenemos) un salario asegurado y se trata de manejar de manera eficiente los recursos. Siguiendo la idea de Mankiw, no es un préstamo a fondo perdido, sino una contribución del Estado, un salario que cuenta como renta recibida y por lo tanto debe declararse en la renta del año siguiente.

¿Qué complejidad tendría transferir esos ingresos a los colectivos sugeridos? Veamos: para los autónomos, en vez de cobrarles la cuota, hacer la transferencia inversa. Se trata de un proceso automatizado que no parece tuviera demasiada dificultad. Para las personas que se han quedado en paro, es de esperar que al inscribirse faciliten una cuenta bancaria, con lo cual quedaría constancia de sus datos, y tres cuartas partes de lo mismo para aquellas personas que actualmente reciben ayudas sociales. A este respecto, no hay que desdeñar el papel que pueden jugar los ayuntamientos como intermediarios, no sería tan complicado volcar los datos del número de personas con necesidad en una plataforma y hacer transferencias en función de este.

Todo esto, que puede tener más o menos valor, se resume en una cuestión. Si no queremos que se repitan los errores de 2008, si no queremos que el sistema financiero (que no tiene una reputación demasiado honorable manejando altas sumas de dinero a bajos tipos de interés) vuelva a ser hormonado con dinero gratis y sin condiciones para su uso – hay que recordar que el rescate bancario de 2008 se hizo, paradójicamente, sin imponer condiciones a esos préstamos que es lo primero que te explica un banco que tienes que cumplir – entonces tenemos que pensar en rescatar a las personas (sin descuidar a las empresas que ya cuentan con sus medidas propias).

En un contexto donde el BCE, temeroso de que se caiga el chiringuito, ha dado luz verde al despegue del gasto público, un salario de emergencia puede ser una solución efectiva no solo para amortiguar el golpe. También serviría para demostrar que el Estado está detrás de las personas, preparar la salida de esta crisis con una bolsa de ahorro en las cuentas de los ciudadanos y, sobre todo, reducir esa burocracia cuyos retrasos matan y que se ha demostrado que, en situaciones de emergencia puede ser flexibilizada, cambiada a golpe de BOE, interpretada de forma más favorable.

En definitiva (y perdón por la chapa desde un blog que en teoría debería ser de contratación pública) se trata de no olvidar que el interés general está por encima de todo (ya oigo gritos de ¡comunista! por ahí), y que todas las medidas que se tomen deben tener aparejadas un objetivo claro, y el primordial ahora es que, en estos tiempos inciertos, aquellas personas que lo necesiten encuentren de verdad un colchón social.

PS: Al hilo de la gratificación extraordinaria que se propone para los sanitarios (curiosamente de parte de responsables del gran recorte que ahora lamentamos) creo que muchos de ellos agradecerían más un contrato fijo y en buenas condiciones que una paga extra.

PS 2: Las universidades estamos, existimos y debemos ponernos al servicio de la sociedad y más en momentos como estos. Vaya desde aquí un modesto ofrecimiento para ayudar en todo lo que se pueda.


1 comentario

Angel · 06/04/2020 a las 08:28

Valiente el artículo!

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